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Por Juan Carlos Hidalgo Rara vez ha estado tan en lo cierto la presidenta Laura Chinchilla como con el tema del aumento a los empleados públicos. Los argumentos que la mandataria ha usado para oponerse a un aumento semestral mayor a ¢5.000 para los burócratas son válidos. La presidenta debe mantenerse firme y no ceder a las presiones de los sindicatos. Primero, recapitulemos. El gobierno decretó que el aumento semestral a los empleados públicos no superará los ¢5.000 a la base de sus sueldos. Es decir, el aumento de marras aplica a la base del salario y en consecuencia también aumenta las anualidades que reciben los empleados del sector público, que en la mayoría de los casos constituyen el grueso de sus ingresos. Osea, al aumentar la base salarial, se dispara también el monto sobre el cual se calculan las anualidades, y por ende el aumento de estas. De tal forma, el aumento semestral de los empleados públicos no es de únicamente ¢5.000. Una vez que se toman en cuenta los demás pluses salariales, es de mucho más. Segundo, tenemos que recordar que hace exactamente cinco años la administración Arias tomó la fatídica decisión de aumentar substancialmente el salario a 5.245 profesionales del gobierno central, desconociendo que dicha medida dispararía una maratón de aumentos similares que beneficiaría a más de 96.000 trabajadores en todo el sector público. Como señalara La Nación en septiembre pasado, el crecimiento en el gasto provocado por estos aumentos salariales–aunado al aumento vertiginoso en la burocracia que se dió en la administración Arias–”explica en buena parte el déficit de casi ¢1 millón de millones que tendrá este año [2011] el Gobierno, y el de ¢92.000 millones que se esperaba en el seguro de salud de la Caja antes de los pagos del Ejecutivo”. Fue en gran medida por la piñata en salarios a los empleados públicos de la administración Arias que el país se encuentra en una crítica situación fiscal. Es por lo tanto oportuno que el gobierno sea ahora mesurado en materia salarial. Tercero, la presidenta tiene toda la razón cuando dijo por twitter la semana pasada que “El empleado público goza d estabilidad laboral el trabajador privado no y gana en promedio mucho más”. En conferencia de prensa, Chinchilla añadió ejemplos de privilegios que goza el empleado público sobre el privado: “Mientras en el sector público usted tiene topes de cesantía que alcanzan 12 y hasta 20 años, en el sector privado el tope es de ocho años. En el sector privado cuando los trabajadores se incapacitan solo perciben el 60% del salario y ese período no se contabiliza para el cálculo del aguinaldo, mientras que en algunas instituciones del sector público la incapacidad se paga con el 100% del salario y esos días de enfermedad se cuentan para fijar el aguinaldo”. Etc, etc, etc. El empleado público cuenta con múltiples beneficios que no tienen sus pares del sector privado. Además, la presidenta tiene toda la razón cuendo señala las disparidades en los salarios de empleados públicos y privados. Veamos este cuadro de la Encuesta Nacional de Hogares del 2011 que muestra los salarios promedios en el sector público y privado (hacer clik para ver en grande): Como se puede ver, el salario promedio del empleado público es el doble del salario promedio del trabajador privado. No queda duda de que en Costa Rica, el trabajador del sector estatal es un privilegiado a la hora de compararlo con sus pares del sector productivo. El ingreso de los empleados públicos no debe ir más allá de las capacidades económicas del gobierno y del país. Cuando tenemos el déficit fiscal más alto de América Latina, es momento de socarnos la faja. En gran medida el gobierno se ha quedado corto con las medidas de austeridad que el país necesita. Pero en este caso en particular, la presidenta Chinchilla lleva la razón. Ojalá se mantenga firme en su posición.